LA APUESTA DE JZI: GANANDO LA GUERRA CONTRA LA OPACIDAD FINANCIERA

La apuesta de JZI: Ganando la guerra contra la opacidad financiera

La apuesta de JZI: Ganando la guerra contra la opacidad financiera

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Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital riesgo estadounidense, debido a las acciones de sus dos administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a comprar el control en alrededor de veinte compañías utilizando inadecuadamente los elementos de Gedesco, de la que JZI posee un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, fundador y director ejecutivo de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, asimismo principal creador y gestor en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto comienza a formarse en 2016, instante en el cual los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde ese momento, se alega que se ha hecho un uso indebido de los elementos de Gedesco para detectar y capitalizar oportunidades de inversión a través de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada mediante una red de doce filiales.

Esta composición pretendía esconder la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta el momento en que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de un par de meses.

Este ámbito legal prosigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los fundadores de JZI por falta Información adicional de rastros delictivos, mientras que se desvelan más capas de un enfrentamiento que subraya la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el campo del capital riesgo..

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